Reflexiones sobre el Análisis de Calidad Regulatoria

Reflexiones sobre el Análisis de Calidad Regulatoria

Por: Nelson Josué Paredes Cruz, Analista de BEST

En el presente artículo desarrollaremos algunas reflexiones sobre la figura del “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR) evidenciando que se ha perdido la gran expectativa sobre el ACR como el instrumento idóneo que nos permita contar con normas más razonables.

Debemos partir por identificar que el ACR es consecuencia del estudio realizado por la OECD: “Política Regulatoria en Perú” (OECD, 2016), el cual evaluó las políticas y herramientas que el gobierno peruano utiliza para el diseño, implementación y aplicación de regulaciones. Dicho estudio incorporó recomendaciones de la OECD para las mejoras en cuanto a (i) establecer una política de calidad regulatoria, (ii) la creación de un órgano supervisor, (iii) establecer un sistema de análisis de impacto regulatorio y (iv) la medición y reducción de cargas administrativas de los procedimientos.

Debido a ello, el Poder Ejecutivo emitió diversos Decretos Legislativos para articular técnicas de simplificación administrativa (Gamero Casado, Eduardo, 2014) mediante figuras jurídicas que permitan mejorar la calidad regulatoria, entre las cuales destaca la exigencia a las entidades del ejecutivo de realizar un ACR a sus propias normas que regulen procedimientos administrativos.

Se tenía una gran expectativa sobre este instrumento de mejora regulatoria establecido por el artículo 2° del Decreto Legislativo 1310, pues se presentaba con las características de realizar una evaluación previa sobre los procedimientos administrativos, buscando predecir qué efectos tendrían dichos procedimientos en nuestra realidad, así como, cuál podría ser la reacción de los agentes públicos y privados frente a la misma, el coste para los implicados; en suma,  evaluar qué otras alternativas existen para la regulación de procedimientos administrativos detallando cuáles son las ventajas y desventajas.

Sin embargo, dichas características del ACR han sido desvirtuadas por el “Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1310”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2017-PCM y publicado el 14 de julio del 2017. Esto se debe a que el reglamento dispone la realización del ACR a proyectos normativos, lo cual es un limitante para evaluar realmente las alternativas de regulación, provocando que el ACR solo se constituya como un instrumento más, destinado a censurar proyectos de normas que ya cuentan con una decisión tomada respecto a la alternativa que seguirá.

Las expectativas en el ACR estaban relacionadas a que sea una actividad que trascienda el análisis meramente económico, entre comillas, exigiendo un análisis pragmático que permita sustentar la razonabilidad de los procedimientos antes de tomar la decisión regulatoria. Sobre el carácter pragmático que se esperaba del ACR se explicó lo siguiente (Sumar, 2017):

“El costo de una norma no es el costo directo al Estado o ni si quiera al ciudadano. El costo relevante en términos económicos es el costo de oportunidad. En el caso de un procedimiento solicitado por el Estado, es muy complicado medir el beneficio económico. Habitualmente, el beneficio se calcula en función a la reducción del precio de un bien. Pero los procedimientos estatales no tienen “precio”, propiamente. En ese sentido, [para efectos de realizar el ACR] muchas veces se medirá más la “razonabilidad” del procedimiento, en el sentido en que no parezca ser una carga desmesurada para el ciudadano y tenga una utilidad tangible para la administración.”

Por tanto, si bien es innegable que este primer paso del Poder Ejecutivo es positivo para el largo camino que aún nos falta recorrer para contar con normas razonables, la mejora de la calidad regulatoria debería ir de la mano con los estudios y avances de la Economía Conductual. En ese sentido, trayendo a colación lo expuesto por (Cass.R., 2016)  compartimos la noción de que “Lo aprendido de la conducta humana y la elección debe ser relacionado en el análisis del sistema legal. Esto es así especialmente porque el sistema legal se encuentra permanentemente construyendo procedimientos, descripciones y contextos para llevar a cabo elecciones” (Sunstein C. R., Revista pucp, 2012).

A pesar de las limitaciones del ACR, esperamos se busquen tomar decisiones regulatorias evaluando los efectos sobre el comportamiento del individuo y, por ende, se busque utilizar conceptos como la irracionalidad de los individuos para estructurar normas que permitan alcanzar los objetivos por los cuales se ha establecido un determinado procedimiento, o por lo menos evaluar cuales podrían ser las reacciones de los ciudadanos frente a los procedimientos. Es decir, esperamos que se tome en consideración los estudios de los sesgos cognitivos realizados desde el derecho y la economía conductual (Sunstein J. C., 2005).

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